A la espera de las pertinentes aclaraciones por parte de las distintas Administraciones, direcciones de enfermería de centros asistenciales y colegios profesionales,  la Asociación Madrileña de Enfermería Independiente (AME) manifiesta que hemos intentado valorar todas las opiniones de quienes han querido pronunciarse ante este RD, arduo trabajo.

Por ello, hemos querido conservar la máxima cautela debido a la gran importancia del tema para nuestra profesión, el sistema nacional de salud (SNS) y los usuarios, así como, la confusión y opiniones contradictorias que desde diversos ámbitos profesionales se están lanzando a la profesión y al resto de actores implicados.

Para comenzar creemos que es importante hacer un pequeño resumen cronológico de la normativa que ha venido desarrollando la paradójica situación que actualmente vivimos las enfermeras con respecto a la mal llamada “prescripción enfermera” y que está generando una situación de crisis interna en nuestra profesión, en los equipos asistenciales y en todo el SNS:

  • Ley 44/2003 de ordenación de las profesiones sanitarias.
  • Ley 29/2006 de Garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios.
  • RD 1093/2010 de Conjunto Mínimo de Datos de los informes clínicos en el SNS.
  • RD 1718/2010 sobre receta médica y orden de dispensación.
  • RD 954/2015 por el que se regula la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte de los enfermeros.

Durante la tramitación y aprobación de las leyes precursoras del presente RD de dispensación de medicamentos y productos sanitarios por enfermeros, estaban los mismos representantes que son ahora ( CGE, SATSE ) con sus presidentes a la cabeza, pero los detalles de dichas leyes en esos momentos no les parecieron relevantes para debatirlos con las enfermeras de base, ni las consecuencias de ellas, o, ¿no fue así?.

¿Tiene algún sentido que tanto el CGE como el SATSE permitiesen en aquel momento que la ley desplazase a las enfermeras y sin embargo a los podólogos, que hasta el año 1988 eran una especialidad de los ATS, se les reconociese como profesionales prescriptores?

Pero también, para ser justos, las primeras responsabilidades sobre este tema debemos buscarlas en nosotras mismas, las enfermeras:

  • ¿Cuántas enfermeras hemos leído la LOPS; la ley del medicamento, el RD?
  • ¿Cuántas hemos preguntado a las autoridades de las que dependemos (direcciones de enfermería, consejería de Sanidad) si no hemos entendido sus consecuencias jurídicas?
  • ¿Cuántas de nosotras exponemos nuestras competencias como estandarte de nuestro trabajo diario?
  • ¿Cuántas trabajamos para que la enfermería sea asumida por el paciente y el ciudadano como lo que somos: una profesión universitaria; preparada, autónoma y que sabe trabajar en equipo sin complejos?

La respuesta a estas cuestiones nos ha llevado a donde nos encontramos, al poco respeto de los políticos de turno por la enfermería, a su ignorancia acerca de nuestra profesión que ha provocado, entre otras, los famosos cursos para prescribir, al desconocimiento por gran parte la ciudadanía acerca de nuestras competencias, al manejo interesado de la cuestión por parte de nuestros representantes y de otros colectivos,.., y sobre todo al desconcierto de la enfermería en general.

Ahora, La Mesa De La Profesión Enfermera (conformada sorprendentemente por el CGE y SATSE) nos recomienda que no hagamos funciones que hacíamos hasta este mes de Diciembre de 2015, sí, esas funciones que se realizan allí donde ejerce una enfermera (Atención Primaria, Atención Domiciliaria, emergencias extrahospitalarias, hospitalaria, privada, residencias de mayores, centros educativos, instituciones penitenciarias…), nos indica que olvidemos el trabajo en equipos multidisciplinares, nos sugiere que ignoremos la repercusiones que una huelga de este tipo tendría para los usuarios del SNS, que  nosotras, las enfermeras, bloqueemos el acceso ágil y necesario de una persona enferma a una solución efectiva para sus problemas de salud.

¿Piensa en algún momento alguno de nuestro representantes informar también a toda la enfermería de las consecuencias éticas y legales que podría provocar una huelga competencial como la que se está animando a realizar?

Al mismo tiempo nos sorprende que la seguridad y la autonomía del paciente (recogidas en la Ley 41/2002) no estén por encima de las prisas de unos y de otros por aprobar un RD en el cual ni se han desarrollado los protocolos y guías de actuación, ni se ha aprobado una guía de fármacos y productos sanitarios susceptibles de ser indicados, usados y autorizados por enfermeras, para poder ponerlo en marcha con seguridad, ni tampoco se ha definido dentro de ninguna norma legal el significado de los conceptos “indicación,” “uso” y “autorización” a que hacen referencia toda la legislación sobre este tema.

Y es que no parece de recibo que ni un Gobierno, ni unos representantes colegiales y/o sindicales obliguen a las enfermeras, después de haber cursado una asignatura de farmacología en nuestros estudios de diplomado/grado, a acreditarse (mediante un curso de 180-360 horas) para recomendar el uso de unos pañales o la adquisición de un fármaco que cualquier persona puede comprar sin receta médica en una farmacia.

Aún nadie nos ha dicho que organismos ofrecerán los dichosos cursitos, cuál será su importe y quien lo sufragará, pero esperamos que la Mesa de la Profesión Enfermera no olvide que hasta hace bien poco muchos compañeros se involucraron en el “Proyecto Gradua2” (impulsado por el mismo CGE) e invirtieron un gran esfuerzo y dinero para que finalmente el Gobierno haya equiparado el diplomado con el Grado en Enfermería.

Respecto a los fármacos para los que se necesita receta médica, el uso de protocolos y guías de práctica clínica y asistencial dentro de los distintos ámbitos asistenciales en los que trabajan los equipos multidisciplinares de la salud es un instrumento que no debe verse como un ataque a nuestra profesión, sino una oportunidad para disminuir la variabilidad clínica y por tanto aumentar la seguridad de nuestros usuarios. Pero el presente RD contempla un procedimiento hiperfarragoso para su elaboración y validación mediante comisiones formadas por un 50% de personal político y un 50% representantes colegiales de enfermería y medicina, despreciando a asociaciones científicas y profesionales asistenciales que son los que mejor conocen el día a día del trabajo enfermero, lo que hace que a todas luces sea prácticamente imposible aprobar alguno.

¿Puede explicar alguien que tiene que decir el Ministerio de Defensa sobre un protocolo de administración de antipiréticos en un colegio? ¿O las mutualidades de funcionarios sobre una guía clínica del delirio en residencias de mayores?

Por otro lado, ni la Mesa de la Profesión Enfermera ni aún ningún gerente o consejero de sanidad han aclarado nada acerca de:

  • La situación en que quedarán aquellas compañeras que tras el plazo de 5 años dado en el RD no queden acreditadas para esta “competencia,”
  • Por qué se permite que las enfermeras eventuales queden agraviadas frente a sus compañeras fijas, ya que la posesión de la acreditación (tras la realización del correspondiente cursito) sólo contará como mérito en los procesos de provisión de plazas de personal fijo (más conocidos como “traslados”) y no en los nuevos procesos selectivos (oposiciones/concurso-oposición).
  • Las consecuencias de la aplicación de este RD en el trabajo diario de las enfermeras de atención primaria, de las enfermeras de los colegios, de las enfermeras de hospitales privados donde no hay un médico 24 horas disponible,…

La enfermería es una profesión autónoma que trabaja en equipo, con competencias (reconocidas en el RD 1093/2010) para realizar diagnósticos enfermeros, fijar objetivos y planificar unas intervenciones sobre los usuarios, y así debe estar reflejado en toda la legislación que regula el funcionamiento del SNS y el ejercicio profesional en todos los campos complementarios al sistema sanitario.

Para ello, primero debemos pedir aclaraciones a las autoridades de las que dependemos sobre la incertidumbre generada en estos momentos{adjuntamos escrito} y seguidamente hacer una reflexión sincera sobre el papel que tienen que jugar en las futuras negociaciones sobre este tema, y otros asuntos trascendentales para la enfermería (trabajando por el futuro legal y profesional en base a la sostenibilidad del SNS y centrando todas las atenciones en el ciudadano), tanto las Sociedades científicas enfermeras, Asociaciones profesionales, Escuelas de enfermería, así como el resto de sindicatos con y sin representación.

Ante todos estos antecedentes, solicitamos la reevaluación por parte del nuevo Gobierno de España de todo el desarrollo legislativo que envuelve el uso de fármacos y productos sanitarios por parte de las enfermeras dentro de sus competencias para poder desarrollar nuestras funciones, que son el pilar del SNS, dentro de equipos multidisciplinares contemplando al usuario como eje de nuestra profesión y dentro de la seguridad jurídica que necesita nuestro trabajo.

AME cree que es el momento para la unión de todos los enfermeros, de los que trabajamos día a día junto a los usuarios y de los que no realizan funciones asistenciales pero cuyo objetivo final siempre es el usuario, para crecer como profesión y para mejorar el SNS. Como Asociación quedamos a disposición de toda la enfermería para conseguir ese cambio.

Desde AME queremos agradecer a todos los colectivos de profesionales de la salud y de otros muchos sectores, así como a los usuarios del sistema sanitario que han apoyado en las últimas semanas el ejercicio de todas las competencias de las enfermeras durante el proceso salud-enfermedad.

 

JUNTA DIRECTIVA.

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