Hoy os escribimos para poner en vuestro conocimiento, como ciudadanos y trabajadores, las consecuencias derivadas de la reforma de la gestión y control de incapacidades temporales (IT) que recientemente ha publicado el gobierno nacional del Partido Popular.

Desde AME mostramos nuestro más profundo rechazo a esta reforma, que implica la supremacía de los intereses empresariales frente a los derechos más básicos de los trabajadores, así como un paso más para descapitalizar el sistema sanitario público para ofrecer su actividad a empresas “colaboradoras” privadas.

Asimismo, aprovechamos para ofrecer todo nuestro apoyo a los compañeros Inspectores sanitarios en su lucha por conseguir que el control de la salud de los trabajadores, los accidentes laborales y enfermedades profesionales continúe bajo control público sin injerencias de empresarios y mutuas patronales.

Las siguientes noticias son una muestra de la perversidad del sistema que quiere implantar nuestro actual gobierno:

Os dejamos el comunicado realizado por la FAISS (Federación de Asociaciones de Inspección de Servicios Sanitarios) sobre la Orden ESS 1187/2015 que desarrolla el RD 625/2015 y la reforma de la gestión y control de IT en su conjunto.

Como síntesis, extraída del propio comunicado , la opinión de la FAISS es la siguiente:
La Orden ESS 1187/2015 completa la tripleta legislativa (Ley de Mutuas, RD y Orden) con la que el Gobierno de España entrega a la Patronal el control de las bajas laborales de la casi totalidad de trabajadores de nuestro país. Y también una parte no despreciable de las competencias del SNS (Sistema Nacional de Salud) cuya gestión corresponde a las CC AA.
Las tres normas que reforman gestión y control de la IT se han elaborado y aprobado de forma unilateral por el gobierno, sin aceptar la colaboración y en contra de los criterios del resto de interlocutores sociales y profesionales.
Toda la reforma se ha impulsado por las presiones empresariales para hacerse con ese control a través de sus sociedades instrumentales, que es lo que son en definitiva las Mutuas Patronales. Y con el falso argumento de una incidencia y gasto abusivos que no sólo no ha sido probado sino que todas las estadísticas desmienten.
La Orden aprobada desarrolla un nuevo procedimiento de emisión de partes de IT, según expectativas de duración de la baja, que es de gran complejidad práctica en su conjunto y basada en unas llamadas “tablas de duración óptima” metodológica y científicamente débiles. Y se exige a los médicos la emisión de un número excesivo de “informes médicos complementarios” para todos los casos, sin tener en cuenta si se ha desviado la duración prevista del proceso de baja.
Se prevé que la Orden entre en vigor el 01/12/15, a los seis meses de su publicación, pero nada se dice sobre la financiación de los costes de reformar informáticamente los sistemas de gestión clínica asistenciales y de inspección de las 17 CC AA y del INGESA (Ceuta y Melilla).
La competencia atribuida a las mutuas de indicar pruebas y tratamientos por propia iniciativa, sin el requisito de haberse hecho por los médicos del SNS, les concede el liderazgo de dirigir el proceso asistencial por el hecho de que el enfermo trabajador esté de baja.
Ello, va a suponer que, con cargo a los fondos sanitarios públicos, se priorizará la asistencia de los trabajadores frente al resto de la población, lo que rompe el principio de equidad del Sistema. Todo esto descapitalizará a los centros propios del SNS que desviaría parte de sus fondos en favor de las Mutuas.
Sigue latente el peligro de que el INSS y las Mutuas, con la excusa de controlar la adecuación de una prestación económica, tengan acceso a la “totalidad de la historia clínica” de “todos los trabajadores del Sistema de la Seguridad Social”, hayan estado de baja o no.
Ninguna autoridad pública del Estado central o de las CC AA, ni el INSS, controla de forma sistematizada toda la actividad asistencial sanitaria (consultas, pruebas, tratamientos, intervenciones quirúrgicas) que las Mutuas hacen con cargo a fondos públicos.
Por último, un par de propuestas a los próximos gobiernos de nuestro país:
o A corto plazo, a los gobiernos de la mayoría de las CC AA, en formación en estos días: que se organicen de forma coordinada, para estudiar os costes que la gestión y control de la IT les supone a los Servicios Regionales de Salud (SRS) y exigir un pago acorde con ello al INSS y a las Mutuas.
o A medio plazo, al futuro Gobierno de España: que legisle la integración de las Mutuas con sus recursos asistenciales en el SNS, como preveía la Disposición Final 3.ª de la Ley General de Sanidad.

Atentamente.

Junta directiva AME.

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