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El Consejo de Enfermería es consultado por el Ministerio de Justicia, como otras muchas instituciones, para que valoren el Anteproyecto de Ley Orgánica para la protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada. Lo único que hacen es elaborar un informe cobarde, tibio e insuficiente, además de hacerle un guiño cómplice al gobierno del Partido Popular, eludiendo la crítica constructiva y profesional que se esperaba de un órgano consultivo al que se le da la oportunidad de hacerlo.

http://www.redaccionmedica.com/contenido/images/Reflexiones%20Anteproyecto%20Ley%20Aborto.pdf

Los Colegios de Enfermería de Navarra, Baleares, Barcelona y Salamanca, sí se han posicionado exigiendo la retirada del anteproyecto. De momento lo que su informe ha conseguido son titulares, que una vez más, ponen a la enfermería en un lugar que no le corresponde y que a muchos nos avergüenza.
http://www.abc.es/sociedad/20140303/abci-enfermeros-opinan-reforma-aborto-201403031823.html

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/03/02/actualidad/1393792927_143300.html

La enfermería es el colectivo más numeroso dentro de las profesiones sanitarias, formado mayoritariamente por mujeres. En nuestra opinión esta ley coarta la libertad de la mujer y su derecho a decidir de manera independiente sobre su propia maternidad.

https://asociacionenfermeriamadrid.wordpress.com/2014/01/05/la-legislacion-del-aborto-y-el-anteproyecto-de-ley-de-gallardon/

Puesto que la intención del informe es un ejercicio de análisis y reflexión, aquí van nuestras reflexiones sobre el mismo:

1. Para “no querer adoptar conclusiones precipitadas y querer “mostrar” aquellos elementos que puedan motivar, conducir o introducir criterios de discernimiento ético para el conjunto de los profesionales enfermeros” se disculpan demasiadas veces en el texto de no pretenderlo. Ya se sabe “excusatio non petita, accusatio manifiesta” Por otra parte llama la atención que la ayuda a la reflexión nos la ofrezcan a partir de las “autorizadas propuestas de diversos autores” tales como el Profesor Javier Gafo (párroco Jesuíta y profesor de Bioética de la UPCO) Carlos Vidal Prado (Miembro de la organización antiabortista Derecho a Vivir y Profesor de derecho constitucional de la UNED) y María Domingo Gutierrez (Profesora ayudante de derecho eclesiástico del Estado) entre otros. Mientras no aprendamos a distinguir que la moral y la ética existe independientemente de las creencias religiosas, esta sociedad no avanzará.

Desde AME somos más partidarios de reflexionar con las propuestas que nos hacen organismos internacionalmente reconocidos en materia de salud como por ejemplo la OMS y sus recomendaciones al respecto

https://asociacionenfermeriamadrid.wordpress.com/2014/01/05/la-legislacion-del-aborto-y-el-anteproyecto-de-ley-de-gallardon/

o especialistas en materia de salud reproductiva como los que se reunieron en la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo de las Naciones Unidas (CIPD), en 1994, en El Cairo, donde 179 países firmaron su programa de acción, incluida España y donde se acordó que «En ningún caso se promoverá el aborto como método de planificación familiar. Todos los gobiernos y organizaciones intergubernamentales o no gubernamentales deben reforzar su compromiso a favor de la salud de las mujeres a fin de tratar el aborto inseguro como problema de salud pública y de reducir la tasa de abortos mediante la creación de nuevos servicios de planificación familiar. La prevención de embarazos no deseados debe ser siempre un área prioritaria y deben llevarse a cabo las acciones necesarias para reducir el número de abortos. Cualquier mujer que se enfrente a un embarazo no deseado debe tener acceso rápido a una información veraz y a asesoramiento profesional. Cualquier medida o cambio relativo a la interrupción voluntaria del embarazo dentro del sistema sanitario, debe ser determinado a nivel local o nacional de acuerdo con el procedimiento legislativo vigente a nivel estatal. En las circunstancias en las que el aborto sea legal, éste deberá practicarse en condiciones de seguridad. En todos los casos, las mujeres deben tener acceso a servicios de calidad que permitan el manejo de cualquier complicación a causa de la interrupción del embarazo.

El asesoramiento posterior al aborto y los servicios de educación y planificación familiar, deben ofrecerse inmediatamente como medida que ayudará a evitar el aborto de repetición» https://www.unfpa.org/webdav/site/global/shared/documents/publications/2004/icpd_spa.pdf o las recomendaciones del propio Ministerio de Sanidad , Política Social e Igualdad en la Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva que responde a la estrategia 4 del Plan de Calidad del Sistema Nacional http://www.msssi.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/equidad/ENSSR.pdf

2. Sobre la objeción de conciencia a. La objeción de conciencia ya estaba recogida en la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la IVE, actualmente vigente, en su artículo 19.2, aunque dejaba pendiente su articulación. “Los profesionales sanitarios directamente implicados en la interrupción voluntaria del embarazo tendrán el derecho de ejercer la objeción de conciencia sin que el acceso y la calidad asistencial de la prestación puedan resultar menoscabadas por el ejercicio de la objeción de conciencia. El rechazo o la negativa a realizar la intervención de interrupción del embarazo por razones de conciencia es una decisión siempre individual del personal sanitario directamente implicado en la realización de la interrupción voluntaria del embarazo, que debe manifestarse anticipadamente y por escrito. En todo caso los profesionales sanitarios dispensarán tratamiento y atención médica adecuados a las mujeres que lo precisen antes y después de haberse sometido a una intervención de interrupción del embarazo” b. La objeción de conciencia es respetable, pero debe ser regulada cuidadosamente y debe tener restricciones, porque si no nos encontraremos que la moral de unos produce un menoscabo en los derechos de otros, y en materia de atención sanitaria la desatención puede ser muy peligrosa y poner en riesgo la vida.

Los profesionales sanitarios nos encontramos a diario con situaciones que pueden entrar en conflicto con nuestra moral y la forma particular de entender la vida, pero nuestra profesionalidad debería estar por encima y actuar de manera objetiva, según las normas de buena praxis, en base a la evidencia científica y conforme a la legislación vigente, respetando las decisiones que los pacientes toman en base a su moral y su forma de entender su vida. Si no corremos el riesgo de que la objeción se convierta en insumisión y desobeciencia civil. c. La objeción es un derecho individual que no puede ser invocada por los centros o las instituciones como actualmente está ocurriendo, oyendo hablar de hospitales objetores. En general, la sanidad pública madrileña lo es, porque menos del 1% de las IVEs se realizan en centros públicos. ¿De verdad todos los profesionales de los hospitales públicos son objetores? ¿o muchos se inhiben por la falta de protocolos de actuación y por un entorno hostil, que les coacciona para que lo sean? Si el jefe de servicio se manifiesta objetor y desde las gerencias y las consejerías de salud no se establecen medidas que garanticen la prestación, que por otra parte forma parte de la cartera de servicios del SNS, para que existan equipos cualificados y dispuestos a realizar las IVEs en los centros públicos, difícilmente un profesional puede ir en contra de toda esta maquinaria. d. La objeción de conciencia será posible siempre que haya quedado garantizada que la prestación puede ser realizada. Actualmente hay provincias que no realizan IVEs y obligan a la mujer a realizarlas en otras comunidades.

3. Respecto al extenso argumentario sobre el código deontológico de la enfermería y aquellas cuestiones hábilmente enfatizadas en negrita como que “La defensa de la vida es un aspecto inherente al personal de enfermería” y ”la no discriminación por discapacidad o enfermedad”…, faltaría más, como lo es el respeto a la libertad individual del paciente y a su derecho a decidir sobre su propia salud, al que por otra parte nos obliga la Ley de Autonomía del paciente. La defensa del derecho a decidir de la mujer sobre la IVE es perfectamente compatible con el código deontológico de la enfermería y con los derechos humanos. Haciéndonos eco de la solicitud de consenso que el Consejo de Enfermería pide al Sr. Gallardón, aplíquese el cuento Sr. González Jurado y empiece a consensuar con sus teóricos representados, antes de enviar informes vergonzantes.

Según denuncia CECOVA (Consejo de Enfermería de Valencia) que representa a los tres colegios de enfermería de las provincias de la Comunidad Valenciana no han sido invitados por su parte a remitir informes sobre el anteproyecto tal como indica en su informe. Desde aquí aplaudimos la valentía de aquellos colegios de enfermería que se han pronunciado al respecto del anteproyecto solicitando su retirada y animamos al resto de colegios de enfermería y en especial al madrileño a que se posicionen al respecto.

Desde AME nuestro más profundo rechazo a este informe, y en uso de nuestra libertad objetamos de este consejo y de su presidente, que no están a la altura de ser los dignos representantes que la enfermería se merece.

Fd:
Junta Directiva

ASOCIACIÓN MADRILEÑA DE ENFERMERÍA (AME)

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