“Durante las últimas dos décadas, la evidencia científica sanitaria, las tecnologías y los fundamentos lógicos de los derechos humanos que brindan una atención segura en la practica del aborto han evolucionado ampliamente.

A pesar de estos avances, se estima que cada año se realizan 22 millones de abortos en el mundo de forma insegura, lo que produce la muerte de alrededor de 47.000 mujeres y discapacidades en otras 5 millones de mujeres . Existe suficiente consenso para afirmar que prácticamente cada una de estas muertes y discapacidades podría haberse evitado a través de la educación sexual, la planificación familiar y el acceso al aborto inducido de forma legal y sin riesgos, así como con la atención sanitaria de las complicaciones que pudieran sucederse tras un aborto.

En prácticamente todos los países desarrollados, los abortos sin riesgos se ofrecen de modo legal a requerimiento, o sobre una amplia y adecuada aceptación social y económica, siendo posible disponer y acceder fácilmente a los servicios sociosanitarios en general. En los países donde el aborto inducido legal está sumamente restringido o no está disponible, un aborto sin riesgos es un privilegio al que solo acceden los ricos. Mientras, las mujeres de escasos recursos no tienen otra opción que acudir a proveedores inseguros, que provocan la muerte y/o morbilidades como consecuencia de inadecuadas condiciones de salubridad o mala praxis.” (Aborto sin riesgos: guía técnica y de políticas para sistemas de salud. OMS)

El 20 de Diciembre de 2013, el Ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardon presentó el anteproyecto de Ley Orgánica para la protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada según el cual se permite la interrupción voluntaria del embarazo sólo en dos casos: cuando la mujer haya sido violada (hasta las 12 semanas de gestación) previa denuncia, y cuando esté en riesgo su salud física o psicológica (hasta las 22 semanas de gestación). Este último supuesto incluye también el de malformación fetal, pero sólo cuando el embrión sea inviable y ello pueda suponer trastornos psicológicos para la madre.

AME quiere posicionarse sobre este tema como profesionales sanitarios que atendemos la salud de las mujeres y fomentamos la calidad de vida en la población:

La necesidad de un aborto supone, en muchas ocasiones, un fracaso. Un fracaso de educadores, profesionales socio-sanitarios, así como de un sistema de planificación publico que no es capaz de acercarse y/o adelantarse a las necesidades de las familias, adolescentes y mujeres relacionado con la planificación familiar. En estos tiempos se “presupone” que todas las mujeres en España tienen acceso a una información sexual y métodos contraceptivos adecuados a sus necesidades. A la vista está que no es así cuando aún se producen multitud de embarazos no deseados en nuestro entorno.

Creemos que el sistema sanitario debe adelantarse a las necesidades de mujeres, parejas y familias mediante la planificación programas de promoción y prevención para la salud, a través de estudios centrados en la sociedad y los grupos. Adoptar una actitud “activa” por parte de los profesionales sociosanitarios sobre el acercamiento de los métodos contraceptivos adecuados a las circunstancias y edades de las mujeres y parejas, es la prioridad que debería prevalecer en el esfuerzo por reducir los embarazos no deseados . Aún así, dado que no todos los métodos contraceptivos son 100% seguros, que con frecuencia en el ámbito familiar, laboral y escolar se producen abusos físicos, psicológicos y sexuales, siempre habrá embarazos no deseados, donde la administración, como reflejo de la voluntad social, debe dar solución al problema; máxime cuando se sustentan en derechos humanos adquiridos.

Nos parece muy respetable y positivo que el Ministro Alberto Ruiz Gallardon no tuviera ningún problema en tener un hijo con una malformación grave. Imaginamos que de ese modo se lo habrá transmitido su mujer, libre y consensuadamente. Por otra parte, esta responsabilidad es más factible de asumir cuando se cuentan con los recursos socioeconómicos necesarios que le puedan garantizar a ese hijo una adecuada calidad de vida y atención continuada.

En la mayoría de los casos las condiciones y proyectos de vida de la pareja se ven truncados ante el nacimiento de un hijo con malformaciones, dependiendo de las secuelas y grado de dependencia al nacer y/o adquirido.En el “mejor” de los casos un miembro de la familia ( generalmente la mujer) debe abandonar su trabajo para atender al hijo. No es el caso de muchas familias y mujeres en España que ni siquiera tienen trabajo.

Vemos como parte de la ciudadanía tiene que sacar a su familia adelante en un contexto de recortes e injusticias sociales. Por ejemplo; el SMI (sueldo mínimo interprofesional), este año queda congelado en 645 euros. La ley de la dependencia cada vez mira menos por los dependientes y sus familias. Los copagos en medicamentos, prótesis y ambulancias no urgentes castigan más, y sobre todo, a los pacientes crónicos y con enfermedades graves.

En el caso de un embarazo con malformaciones fetales llevado a termino y habiendo salvando el posible riesgo para la madre. Esta ley no hará más que aumentar el sufrimiento de muchas parejas, mujeres y familias que sabiendo que el embarazo no es normal, estarán obligados a continuarlo aunque no se vean capacitados para darle una calidad de vida adecuada al niño.

Según el Ministro de Justicia, este anteproyecto de ley no criminaliza a la mujer. Ninguna mujer será juzgada por someterse a un aborto. Sin embargo, si condenará a muchas mujeres a la clandestinidad de un aborto en el que se pondrá en juego su salud y su vida, salvo que estas mujeres tengan el suficiente dinero como para poder viajar al extranjero y poder garantizarse una interrupción voluntaria del embarazo en condiciones de seguridad.

El liberalismo como estilo y modo de vida que proclama el partido popular en su ideología de partido se contradice con la Ley impuesta. El PP al querer hacer un uso ilegitimo de un derecho, que no deber, reconocido de la mujer como es el de la maternidad, estafa la voluntad de la mayoría escudriñandose en un programa político escrito que hace tiempo quedo deslegitimado. Dicha Ley somete a la mujer al prejuicio social y estereotipado de cierta parte de la ciudadanía con poder, que encuentra en la mujer un medio de lucro a través del control de su cuerpo, y marca los limites de su rol en la sociedad. Una vez más, a través del uso que ejerce el poder del Estado, se supedita la voluntad de la mujer a propuestas androcéntricas de base religiosa que no tienen cabida en un país que inscribe en su constitución el laicismo.

Por lo tanto, entendemos que es lógica y razonable que cada mujer decida sobre la actitud a tomar cuando se detecta una malformación grave en un feto, y de obligación por parte de los servicios sociosanitarios de la administración proporcionar una exhaustiva información de lo que puede suponer dicha malformación.

En AME somos partidarios de reducir el número de embarazos no deseados en nuestro país mediante la creación de programas activos de promoción y prevención sobre métodos contraceptivos y de planificación familiar accesibles a las mujeres y hombres, ajustados a la etapa del ciclo vital de la persona. Defendemos el derecho de las mujeres a decidir sobre su maternidad, incluyendo la decisión de abortar sin que tengan que ser sometidas a un juicio “a priori”, ni poner en juego su salud.

Por lo expuesto, en AME estamos a favor de una ley de plazos que permita a las mujeres elegir libremente sobre su maternidad y a las parejas sobre su planificación familiar.

20140105-191131.jpg

Anuncios