El pasado 20 de Diciembre se firmó el convenio de colaboración entre Cruz Roja Española (CRE) y la Comunidad de Madrid (CAM) por el cual, a partir del 1 de Enero de 2014, CRE se encargará de la captación y fidelización de donantes sangre, de las campañas de donación y de la extracción de sangre en la calle y el Centro de Transfusiones Público de la CAM (CTCAM) se encargará del procesamiento de la sangre y distribución a los centros sanitarios.

Para desarrollar este convenio, la CAM cederá gratuitamente a CRE todos los medios de los que dispone hasta el momento para realizar donación de sangre en la calle (6 autobuses, 1 minibús, 5 furgonetas y 3 turismos). Así, según confirman los propios trabajadores del CTCAM, tras su entrada en vigor, se producirán modificaciones en las condiciones laborales y el despido de 130 trabajadores que hasta ahora venía desarrollando sus funciones para el CTCAM.
Según reconoce CRE en un comunicado, que hizo público hace unas semanas, se ha estimado que CRE recibirá 67€ por bolsa de sangre recogida, haciendo un total de 9,3 millones de €.

De momento, estos son los únicos datos que los ciudadanos hemos podido conocer de dicho convenio ya que se ha realizado en el más absoluto secreto y a espaldas de todos los madrileños, a pesar de su inminente entrada en vigor.
Parece increíble que, basándose en una supuesta mejora de la gestión y optimización de los recursos disponibles en la CAM para la donación de sangre, una organización no gubernamental como CRE realice una injerencia política dentro del actual debate que se está produciendo en torno a la sanidad pública en la CAM.

Cruz Roja Española, nueva marioneta del gobierno de la CAM.

Así, dentro del “Plan de Acción 2011-2015” de CRE no aparece ninguna mención al tema de la donación de sangre como acción o estrategia a afrontar dentro de ese periodo.

Además, entre los 7 principios fundamentales del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, que obligan a toda la institución en su conjunto (incluida CRE) a actuar de acuerdo a esos principios, se encuentran la “neutralidad” y la “independencia.”
Pues bien, según el ideario de CRE, la neutralidad significa “no entrar en controversias para poder actuar en todo tiempo y lugar” y la independencia supone “oponerse a toda injerencia de orden político, ideológico o económico” y “no ser un instrumento de la política gubernamental” y su acción complementa la desarrollada por los poderes públicos cubriendo aquellas áreas a las que no pueden llegar las diferentes Administraciones.

Parece que con la firma y ejecución de este convenio, CRE no está siendo neutral, al entrar de facto en clara oposición con el movimiento ciudadano de defensa de la sanidad pública que intenta que el poder económico no entre a actuar dentro de un sector tan sensible como el sistema público de salud. Pero, tampoco está siendo independiente, al dejarse utilizar por el gobierno de la CAM para conseguir que este último siga adelante con un proceso privatizador de centros sanitarios públicos (no olvidemos que el intento de privatización de 6 hospitales públicos por parte del gobierno de la CAM se encuentra suspendido judicialmente desde el pasado mes de Septiembre) y ahora aprovecha el buen concepto que la ciudadanía tiene de una organización con tanta tradición de ayuda a los desfavorecidos, como CRE, para privatizar parcialmente el sistema de gestión de las donaciones de sangre.
Si bien es cierto que el centro de transfusiones de CRE lleva colaborando con la CAM desde 1960 en el proceso de donación de sangre, desde que hace 25 años se creó el CTCAM, se venía produciendo una situación de solapamiento de competencias que parecía indicar que derivaría en una desaparición del centro de CRE para que los esfuerzos de esta organización de ayuda humanitaria se dirigiesen a otras áreas donde la administración no dispone de medios suficientes (y creo que no serán pocas en una situación de grave crisis económica como la que vivimos actualmente en España).
Pero parece que CRE tiene “grandes intereses” en seguir dentro del mercado de la donación de sangre en el país líder mundial en donaciones de órganos y tejidos.

Parece que CRE no ha valorado los efectos secundarios que pueden derivarse de la firma de este convenio y que se pueden dividir en dos vertientes. Por un lado, muchos ciudadanos, ante las sospechas de un fin lucrativo de CRE con su donación, pueden decidir no acudir a donar sangre o, si eran donantes habituales, dejar de hacerlo. Por otro, muchos socios colaboradores con CRE empezarán a sentirse estafados y se replantearán continuar con sus aportaciones económicas, y de cualquier otro tipo, al sentir que CRE emplea sus dádivas en actuaciones que no corresponden a las realizadas por organizaciones de ayuda humanitaria.

Presidente de Cruz Roja a la vez que de un banco.

No podemos olvidar que el presidente de CRE, Juan Manuel Suárez del Toro Rivero, es el actual presidente de Caja Canarias (fusionada en la matriz BFA-Bankia) y se encuentra imputado en el “caso Bankia” por delito de estafa, falsificación de cuentas anuales, delito de Administración fraudulenta o desleal así como delito de maquinación para alterar el precio de las cosas, aunque en su declaración en la Audiencia Nacional eludió cualquier responsabilidad por no tener conocimientos suficientes para entender los balances de los bancos. Eso sí, en 2011 su “corta inteligencia” le permitió cobrar 235.000 € en dietas como consejero de Bankia, 70.000€ como presidente de Caja Canarias y, como no podía ser menos, 60.000€ como presidente de CRE.
Lo que está claro, es la acusada pérdida de confianza que están provocando estos escándalos sobre la población española en una de las pocas organizaciones que éstos reconocían como independiente del poder político y económico establecido. Es muy triste que el trabajo de millones de voluntarios de CRE en auxilio de personas desfavorecidas a lo largo de la historia de esta organización en nuestro país se dilapide por unas decisiones políticas.
Para todos aquellos que empiecen a sospechar del tufillo que desprende este convenio con CRE, aún hay más, desde Abril de 2013 la CAM está aplicando un convenio de colaboración con el grupo “Hospital de Madrid” en materia de donación de sangre, que se ha negociado y se aplica totalmente entre bambalinas y del que, por supuesto, ciudadanos y profesionales de la salud desconocemos ningún detalle.

Éramos poco y “parió la abuela.”

Por si todo lo comentado hasta ahora fuese poco, hace unos días el presidente de la compañía farmacéutica Grifols (Víctor Grifols) hizo unas declaraciones inquiriendo al Gobierno español a que legalizase el comercio de sangre en todo el Estado y “me comprometo a pagar 60 o 70 euros por donante a la semana, lo que sumado al paro es una forma de vivir”.
Pronto nos olvidamos de cómo a finales de la década de los 80 y principios de los 90 las empresas privadas que comerciaban con sangre humana (Grifols a la cabeza) contrataron a donantes de alto riesgo en EEUU, incluyendo presos y consumidores de drogas inyectables y trataron con productos derivados de estas donaciones a personas afectadas de hemofilia en muchos países, entre ellos España, sin realizar los controles pertinentes, provocando miles de contagios de hepatitis y VIH. Las compañías farmacéuticas implicadas lograron acuerdos extrajudiciales para evitar la mayor parte de las demandas, pero la alarma creada impulsó la prohibición de comerciar con sangre humana y la generalización de las donaciones voluntarias y no remuneradas.
Aunque siempre ha sido comentado en determinados corrillos sanitarios, ya es hora que los ciudadanos y profesionales de la salud sepamos que la farmacéutica Grifols lleva años obteniendo bolsas de hemoderivados por las puertas de atrás de los centros de transfusión. Así, en Madrid existe un convenio por el que Grifols obtiene gratuitamente hemoderivados para su actividad empresarial a cambio de ceder tecnología (no sabemos a qué precio) para la donación, análisis y procesamiento de sangre al CTCAM. Los donantes no firman ningún consentimiento para que su sangre se destine a un fin distinto del de ser transfundida a aquellos pacientes que lo necesiten, por lo tanto, aparte de ser totalmente inmoral, esta cesión de hemoderivados con fines lucrativos constituye una flagrante violación de la legislación vigente.

Es sorprendente el silencio absoluto de instituciones como la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), defensora acérrima del Sistema Español de Trasplantes, en asuntos tan espinosos como los que hemos comentado hasta ahora.
Así el Real Decreto 1825/2009, de 27 de noviembre, por el que se aprueba el Estatuto de la ONT, en su artículo 5 o) establece como su fin “La promoción de las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de los principios de donación voluntaria y no remunerada, ausencia de ánimo de lucro en las actividades de promoción y publicidad, protección de la confidencialidad de los datos, así como el anonimato entre donante y receptor, salvo en los casos de donación entre vivos de órganos sólidos o de vivos emparentados de progenitores hematopoyéticos.” ¿Tendremos que empezar a dudar de su independencia?
“Se empieza encontrando justificación para que una bolsa de plasma sea enviada antes a un laboratorio farmacéutico (que paga por su procesado) que a un hospital público donde hay un paciente que la necesita y podemos acabar justificando que una persona que pueda pagar obtenga un corazón antes que una que no.”

Desde la Asociación Madrileña de Enfermería (AME)
estamos totalmente en contra de cualquier tipo de convenio de colaboración entre instituciones privadas y públicas que puedan suponer un intento de mercantilización de los procesos de donación y trasplantes de órganos y tejidos dentro de nuestro Estado. Nuestro Sistema Español de Trasplantes ha llegado a convertirse en referente mundial gracias a que instituciones como la ONT han sido absolutamente inflexibles, hasta el momento, con la contaminación con intereses económicos, políticos y de cualquier otra índole, de los procesos de donación y trasplante.

AME recomienda a los profesionales de enfermería, y en general, a toda la ciudadanía española:

• Acudir a donar sangre a centros de transfusión de titularidad pública, donde podamos cerciorarnos de la ausencia de ánimo de lucro por realizar esta actividad.

• Especificar en la hoja de consentimiento para realizar la donación que nos negamos a que nuestra sangre sea cedida a compañías farmacéuticas para sus fines empresariales.

• En caso de colaborar con Cruz Roja Española como socio o de forma aislada, presentar una carta ante su presidente exigiendo el cese de su colaboración con la CAM en materia de donación de sangre (se adjunta modelo al final de este texto) y plantearse colaborar con cualquier otra organización benéfica.

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