El pasado 30 de Octubre el Subdirector médico del área de docencia de la Fundación Jiménez Díaz (FJD) presentaba el Proyecto “Mejor Alumno” por el que los alumnos de la Facultad de medicina de la UAM tendrán a partir de ahora acceso a las historias clínicas de los pacientes atendidos en la FJD de forma independiente, mediante un nombre de usuario y una contraseña.

Desde la Asociación Madrileña de Enfermería hemos recibido a ciudadanos preocupados por la legalidad de este “convenio” y las implicaciones derivadas del acceso libre por personal distinto de profesionales sanitarios (únicos sujetos a secreto profesional) a información especialmente sensible como la recogida en la historia clínica.

Por ello, la semana pasada intentamos obtener más información sobre este proyecto de colaboración acudiendo a los departamentos de atención al paciente, docencia y gerencia de la FJD sin obtener ningún tipo de respuesta. Estamos pendientes de recibir contestación por parte de la D.G. de Atención al Paciente de la Comunidad de Madrid (CAM).

En España todo lo relacionado con la documentación clínica se encuentra reglamentado en la Ley 41/2002 de 14 de Noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica.

En su artículo 7 sobre el derecho a la intimidad, se establece que “toda persona tiene derecho a que se respete el carácter confidencial de los datos referentes a su salud y a que nadie pueda acceder a ellos sin previa autorización amparada en la Ley.”

También, en su artículo 16 sobre usos de la historia clínica se dispone que “la historia clínica es un instrumento destinado fundamentalmente a garantizar una asistencia adecuada al paciente” y “el acceso a la historia clínica con fines (…) de investigación y docencia se rige por lo dispuesto en la LO 15/1999 de protección de datos de carácter personal.

El acceso a la historia con estos fines obliga a preservar los datos de identificación personal del paciente, separados de los de carácter clínico asistencial, de manera que como regla general quede asegurado el anonimato, salvo que el propio paciente haya dado su consentimiento para no separarlos.”

Además, en el artículo 7 de la LO 15/1999 de protección de datos de carácter personal, sobre datos especialmente protegidos se establece que “los datos de carácter personal que hagan referencia a (… ) la salud sólo podrán ser recabados, tratados y cedidos cuando, por razones de interés general, así lo disponga una ley o el afectado consienta libremente.”

En el artículo 11 sobre comunicación de datos, “los datos de carácter personal objeto del tratamiento solo podrán ser comunicados a un tercero para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente y del cesionario con el previo consentimiento del interesado.” Aquí se presentan las situaciones que exceptúan de la recogida del consentimiento informado del interesado pero ninguna sería aplicable a este caso.

Tras analizar la legislación vigente expuesta en los párrafos anteriores, desde AME lanzamos unas reflexiones que exigimos sean contestadas tanto por la Consejería de Sanidad como por la Fundación Jiménez Díaz:

¿Por qué la FJD, como prestador de servicios sanitarios, ni la Consejería de Sanidad, como financiador y responsable último de la prestación de una asistencia sanitaria de calidad, no han informado ni solicitado consentimiento expreso tras las firma de este “convenio” a los usuarios pertenecientes al área de influencia de la FJD?

¿Está prevista la existencia de algún protocolo para que aquellos pacientes que lo deseen puedan ejercer su derecho a oponerse a que su historia clínica sea cedida a terceros?

Desde el año 2011 la FJD, y el resto de hospitales gestionados por la compañía IDC, se encuentran integrados en el sistema de gestión de historias clínicas informatizadas “HORUS:”

¿Únicamente se dará acceso a las historias de pacientes atendidos por procesos en la FJD?
¿Podrán también acceder a la historia clínica informatizada de Atención Primaria, centros de especialidades y centros de salud mental?
¿Cómo se asegurará que no accederán a historiales de pacientes de fuera del área de influencia de la FJD?

¿Existirá algún procedimiento de control de los accesos realizados por los usuarios y con qué fines?
¿Dispondrán de ese acceso desde equipos informáticos existentes en la FJD, Universidad Autónoma de Madrid o desde cualquier otra ubicación?

¿Cuál será el régimen sancionador en caso de que algún alumno realice algún uso indebido de dicha documentación?

AME manifiesta que la firma de este convenio de colaboración no se ajusta a derecho, de acuerdo con la legislación vigente, y animamos a los usuarios de los centros del grupo IDC y, en general a todos los usuarios de la red sanitaria pública de la CAM, a reclamar por el cumplimiento de sus derechos de confidencialidad.

VICTOR JIMÉNEZ FERNÁNDEZ

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