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​Cansancio, indignación, enfado, injusticia, cabreo, impotencia, hartazgo, no hay calificativos para describir lo que se siente cuando vemos que una vez y otra, se intenta desproteger a los más débiles, a los más necesitados, en su momento más vulnerable, cuando se enfrentan a la enfermedad, a una enfermedad grave. En ese momento tan crítico y tan delicado es cuando la sociedad o mejor dicho los políticos que ostentan su poder de forma autocrática les dan la espalda.

​En muchos casos, son personas que han dado todo en esta sociedad, han trabajado, han colaborado para que evolucionara, nos han criado, cuidado, nos han dado todo lo que han podido, se han sacrificado para que sus hijos tuvieran unos estudios, una carrera, han cuidado de sus nietos cuando ha sido necesario, han ofrecido sus casas, sus comidas, su sabiduría, su imaginación y sus manos para compensar la falta de recursos económicos y han hecho que esta sociedad sea más solidaria y más justa. Su fallo, si es que se puede considerar como tal, es que han luchado para que sus hijos, sus nietos no vivieran lo que ellos habían tenido que vivir: hambre, guerra, postguerra, trabajo infantil, analfabetismo, falta de educación y lucha por conseguir una justicia social que hoy de nuevo está en peligro.

​Los avances científicos han hecho aumentar tanto la esperanza de vida, como la calidad de vida; quizás esto pueda valer para retrasar la edad de jubilación si no fuera porque cada vez los jovenes tienen más dificultades para entrar en el mercado de trabajo; sin embargo, una prueba más de la lucha interna entre partidos políticos, o más bien entre sectores del mismo partido, es que mientras unos defienden que hay que aumentar la edad de jubilación, en la Comunidad de Madrid se han producido jubilaciones forzosas de médicos y sanitarios con tal de amortizar plazas de empleados públicos fijos. Una total descoordinación en las políticas de empleo basado exclusivamente en que las pensiones salen de una hucha y los sueldos de otra. Una prueba más de que no es tanto una justificación social la que hace actuar a los políticos, sino el deshacerse de lo que resulta molesto.

​Por tanto, el hecho de que los avances científicos hayan conseguido ganar la batalla a determinadas enfermedades, si bien es una buena noticia para la población, parece que para determinados mandatarios no lo es tanto, orientando sus políticas a dificultar el acceso a los medicamentos necesarios a las capas más pobres de la sociedad, demostrando una vez más que quieren deshacerse de aquel que molesta. Una muestra de esto lo tenemos en la publicación en BOE por parte del Ministerio de Sanidad, dirigido por Ana Mato, sobre el copago del 10% de los medicamentos de dispensación hospitalaria hasta un máximo de 4,20 euros por envase; el que tenga dinero para hacer frente a este pago, podrá tener su tratamiento, el que no, verá mermado su derecho a la salud, o sus familias deberan ajustarse más el cinturón en comida, calefacción, educación para sus hijos, etc. Esto supondrá la ampliación de la brecha entre clases indefectiblemente.

​Ya en el RDL 16/2012, bajo la excusa de una crisis y de una insostenibilidad del sistema sanitario muy discutible, se introdujo el copago en la sanidad en la que se hacía pagar a los pensionistas por sus medicamentos. Una vez más, se criminalizó al enfermo, castigando a aquellas personas que necesitan medicación. No sólo sus pensiones han perdido cada vez más poder adquisitivo sino que el IVA ha aumentado en productos de primera necesidad y, en muchos casos, de obligado consumo, sino que además han debido pagar por algo tan necesario para ellos como sus medicamentos, en personas que, por ley de vida, suelen padecer múltiples patologías.

​Ahora, con el copago de medicamentos hospitalarios, se vuelve a culpabilizar y criminalizar a las personas más vulnerables. Son ellos los que pagan, bajo la excusa de la crisis, los excesos que se han cometido y se siguen cometiendo en otras partidas presupuestarias.

​No olvidemos tampoco, que el sueldo de los empleados que estén de baja por enfermedad disminuye notablemente, haciendo que en muchas ocasiones se trabaje estando enfermo, pero cuando alguien ya no puede trabajar por la gravedad de su enfermedad, no sólo se le disminuye el sueldo sino que se le grava por los medicamentos que tiene que consumir.

​Familias de un niño con cáncer, que bastante gasto tienen ya con comidas fuera de casa, transporte de un lado para otro, en algunos casos incluso teniendo que pagarse un hotel o una pensión, cuando los niños requieren hospitalización. Ahora, además también quieren que paguen por los medicamentos que necesitan para seguir su tratamiento cuando sus hijos no están hospitalizados.

​Abusan de los más débiles, los más vulnerables, sabiendo que ellos tienen más dificultades en tener voz y hacerse oír, sabiendo que en muchos casos no tienen medios, ni fuerzas para protestar y defender sus derechos. Por eso es obligación de todos denunciar las injusticias sociales, no esperar a protestar sólo cuando nos toque a uno directamente, porque en ese caso, será demasiado tarde.

​Los presupuestos públicos han servido y sirven, para construir aeropuertos sin aviones, bibliotecas lujosas sin libros, megaconstrucciones como la ciudad del circo en Alcorcón, para rescatar autopistas radiales que no son rentables aunque ya era dudosa su necesidad antes de construirlas, para rescatar bancos que timan a los clientes en las preferentes y con claúsulas suelo, y para mantener un hospital VACIO en Collado-Villalba.

​Se puede incrementar el presupuesto de defensa y no se puede incrementar el de sanidad, los presupuestos públicos ya no sirven para pagar los medicamentos de los pacientes que precisan de tratamientos especialmente caros. ¿y nos tenemos que creer que esto no es sólo una cuestión ideológica? ¡VAYASE USTED A LA MIERDA!, como diría Fernando Fernán Gómez

​¿Faltará mucho para que la ministra de sanidad tenga la feliz idea de que los pacientes ingresados en los hospitales deban abonar los medicamentos que precisen? ¿tendremos que escuchar a un paciente decir “no me ponga más dosis de antibiótico que mis hijos este mes no tienen para comer? Al paso que vamos, no sería algo que ya sorprendería.

​¿Se habrá parado a pensar la ministra de sanidad que estos pacientes, que reciben tratamientos de dispensación hospitalaria, también necesitaran un montón de medicamentos de dispensación en farmacias y por los que tendrán que pagar el copago que ella instauró?. Es verdad que se consiguió parar el euro por receta en la Comunidad de Madrid, otro repago, que nuevamente perjudicaba a enfermos crónicos y pensionistas, pero por desgracia, parece que se paró más por una pelea interna entre políticos, que por un sentimiento de justicia social.

​Los expertos consultados para la sostenibilidad del sistema sanitario plantearon como uno de los problemas el aumento de esperanza de vida de la población, el hecho de que ahora la población estaba demasiado tiempo cobrando una pensión de jubilación; esperamos que esto no signifique que en la mente de nuestros gobernantes está pensar, al más puro estilo espartano, que cuando una persona empieza a no ser rentable para la sociedad, porque consume más de lo que aporta, lo que hay que hacer es eliminarla.

​Sin embargo, a la vista de las últimas actuaciones de políticos tanto del gobierno, como de algunas comunidades y ayuntamientos, como el pago de la teleasistencia por parte de los ancianos, se demuestra que el objetivo de nuestros políticos es incrementar las desigualdades sociales, dejar de proteger socialmente a los individuos más vulnerables y dejarlos al amparo de la caridad y de la buena voluntad de sus vecinos, familias y organizaciones caritativas. Se reduce el presupuesto dedicado a dependencia, se endurece la concesión de los grados de dependencia, y se cobra una tasa por pedir una reevaluación del paciente ante un resultado a todas vistas manipulado, se reducen las ayudas a dependientes, a ancianos, a enfermos crónicos, se reduce el poder adquisitivo de las pensiones, se aumentan impuestos indirectos como el IVA, que deben pagar todos los ciudadanos, mientras que se dan beneficios fiscales a grandes empresas, se les perdonan impuestos o se permite y/o favorece a las empresas que esconden sus beneficios en paraísos fiscales, dándoles concesiones públicas.

​Por lo tanto, parece claro que el objetivo de nuestros gobernantes, es empeorar la salud de aquellos que molestan, disminuir su esperanza de vida y deshacerse de ellos cuanto antes porque estorban. Vergonzoso que estas medidas no sean criticadas ni reciban ningún tipo de oposición, ni haga salir a la calle a organizaciones que tienen como eslogan su defensa del derecho a la vida, será la vida sólo de los que les interesa ideológicamente.

Amelia Batanero Sánchez
Victoria Trujillo Higuero

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