​La Asociación Madrileña de Enfermería (AME) ya denunció el día 13 de Junio de 2013, https://asociacionenfermeriamadrid.wordpress.com/2013/06/14/nota-de-prensa/ que Sanitas, al ser una aseguradora privada, tenía conflicto de intereses e incompatibilidad para gestionar centros públicos; José Manuel Freire, ya mencionó según el artículo de El Diario.es que las aseguradoras privadas debían elegir en dedicarse a la sanidad privada o a la sanidad pública, pero el problema no está en las aseguradoras, sino en la Consejería de Sanidad madrileña que permite que empresas con claros conflictos de intereses e incompatibilidades para la gestión pública, gestionen centros públicos.

​Sanitas, gestiona hoy por hoy el hospital de Torrejon, hospital de titularidad pública y cuyos usuarios acceden a él porque pagan sus impuestos y tienen derecho a una asistencia sanitaria de calidad. Sanitas, cobra por cada usuario asignado a su zona una cantidad por parte de la Comunidad de Madrid, lo que se denomina como capita; dentro de Torrejón, Sanitas tendrá asegurados privados; cuando un paciente de Torrejón enferme, podrá elegir si quiere ser atendido en el Hospital de Torrejón, o en otro centro privado perteneciente a Sanitas, pero Sanitas cobrará dos veces por un paciente al que sólo puede atenderle una vez, en un centro público o en uno privado. A su vez, si el Hospital de Torrejón atiende a alguien fuera de su zona de influencia, amparado en el área única de salud, todo ciudadano es libre de ser atendido allí, pasará la factura de dicha atención a la administración autonómica. ¿quien nos garantiza que Sanitas no tenderá a desviar a sus asegurados privados de fuera de Torrejon a dicho hospital para así cobrar por dicha atención de la administración? Nuevo caso en el que Sanitas cobrará doblemente por una atención sanitaria, una de ella viniendo de los impuestos de los ciudadanos.

​La legislación vigente debe adelantarse a los acontecimientos, estamos avisando de un vacío legal que permitirá a una empresa privada enriquecerse con los impuestos de los ciudadanos y sin aumentar la calidad de la asistencia que se presta al ciudadano; ¿y la Consejería de Sanidad madrileña nos quiere convencer que así se va a ahorrar dinero?

​Tras las últimas declaraciones del Director de Hima San Pablo, en el que ha reconocido que espera que los pacientes fuera de la zona de influencia de los hospitales que va a gestionar sean muchos “porque esto les aumentará los ingresos”, aún aumenta nuestra preocupación porque nos tememos que atenderá antes a los pacientes con los que “aumente sus ingresos” que a los pacientes por los que cobra dinero previamente, los atienda o no. Esto sumado a su intención de aumentar camas y quirófanos, nos preocupa seriamente.

​En los momentos actuales, de grandes recortes en los servicios públicos bajo la excusa de la crisis, somos los ciudadanos y los profesionales sanitarios los que tenemos y debemos estar pendientes de que no se malversen fondos públicos, pero esta no es nuestra profesión, ni cobramos nuestro sueldo para ello; nosotros recibimos nuestro sueldo para cuidar de la salud de los ciudadanos y es a lo que nos queremos dedicar. Pero eso no significa que tengamos que permanecer de espaldas a lo que está suponiendo una destrucción de los servicios públicos; la privatización de hospitales premiará a empresas privadas con un aumento todos los años según el IPC, mientras que los centros públicos seguirán sujetos a un presupuesto que tendrá que ver con recortes, adecuaciones de presupuesto, o cambios en la política de los gobiernos.

​¿Consentirá la consejería de sanidad madrileña que mientras ha estado cerrando camas y quirófanos en los hospitales de gestión pública, ahora las empresas adjudicatarias de los nuevos hospitales, aumenten sus camas y sus quirófanos para atender a los pacientes que deberían ser atendidos en hospitales públicos? ¿es capaz la administración de estrangular más los hospitales públicos, mientras se favorece a empresas privadas y beneficios privados? A la vista está que sí y por ello creemos que debe pararse esto. Que lo pare alguien que tenga poder para ello.

​Como muestra de que la administración consiente determinadas prácticas a las empresas con las que establece conciertos, tenemos el caso de los colegios concertados que cobran “obligatoriamente” a los padres, por una extraescolar, una cuota de asociación de padres, o un “donativo”, cuando al ser centros sostenidos con dinero público, no debería obligar a ningún pago, es “vox populi” que se hace y todo el mundo calla y otorga. Quien hace la ley hace la trampa y este es un ejemplo de ello, de tal forma, que estos centros se garantizan que determinados alumnos o clases sociales no accedan nunca a esos centros. Ni jueces, ni diputados (en el gobierno o en la oposición), ni la defensora del pueblo, ni el defensor del menor, NADIE, denuncia estas prácticas, por lo tanto, es imprescindible, tratándose de la salud de los ciudadanos, del DERECHO A LA SALUD de todas las personas que alguien escuche a los ciudadanos, a los profesionales, y no esperen a que alguien denuncie, sino que se actúe preventivamente y los pliegos sean suspendidos, primero cautelarmente y luego definitivamente por las razones antes mencionadas.

​Por eso creemos que son los fiscales, los jueces, los diputados de la asamblea de Madrid, los que escuchen a los ciudadanos y a los profesionales y actúen preventivamente y de forma activa.

​Que lo hagan antes de que tras unos años de mala práctica por parte de estas empresas, de conseguir beneficios a costa del dinero de todos los ciudadanos, de que sean los criterios de rentabilidad y no criterios asistenciales los que la atención sanitaria a la población y de que, esta vez sí, hagan insostenible el sistema sanitario público debido a su aumento de beneficios, para luego acusar a los ciudadanos de haber enfermado por encima de sus posibilidades y criminalizarlos por vivir demasiado tiempo.

​Lo mismo que se establecen límites en la tasa de alcoholemia de los conductores, límites en la velocidad de circulación de las carreteras, etc. para evitar accidentes de tráfico, se deben establecer límites en los beneficios privados que se obtienen con fondos públicos, sobre todo, porque como en el caso de los accidentes de tráfico, ESTÁ EN JUEGO NUESTRA SALUD Y LA DE NUESTROS HIJOS Y FAMILIARES y nuestro sistema público de salud.

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