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Los pliegos licitadores y las empresas licitantes…

​Puede que la opinión pública esté confusa al ver cómo empresas que se esperaba que iban a optar a los hospitales madrileños no han querido presentarse y sin embargo, otra empresa de la que nadie había oído hablar se ha presentado nada más y nada menos que para tres hospitales. No comentaremos la casualidad de que justo se hayan “repartido el pastel” sin que ninguna empresa haya competido con otra por un hospital; aunque parece que aún puede haber sorpresas.

​Tras todos estos meses de dimes y diretes, opiniones, modificaciones de los pliegos, etc. creemos que se deben explicar algunas cuestiones sobre los pliegos que ha hecho la consejería de sanidad madrileña para la privatización de los 6 hospitales.

​Todo el mundo más o menos tiene una idea de lo que es una concesión por parte de una administración a una empresa. La administración quiere hacer una obra, o quiere encargar a una empresa privada la gestión de un servicio. Para ello, lo saca a concurso, las empresas que están interesadas hacen ofertas y valorando el precio que pide cada una de ellas y el proyecto ofrecido en el que se debe tener en cuenta la calidad del servicio, la administración se lo concede a una de ellas; esta valoración, para que no hubiera intereses ocultos debería ser anónimo, es decir, que la administración valorara cada proyecto y oferta sin saber quien es la empresa que está detrás de ella.
​Si por ejemplo, la concesión es la de un servicio de comedor para empleados, la administración ofrece el local y la posibilidad de explotarlo a una empresa a cambio de que se garanticen unos precios máximos para los empleados, ya que la empresa no tiene que adquirir el local o se puede ahorrar su arrendamiento; este es el caso del servicio de comedor del Congreso, donde, tras la polémica en la opinión pública de los precios máximos de los Gin-tónic para los diputados, Arturo Fernández del Grupo Cantoblanco aún estará “partiéndose la caja” porque gracias al revuelo que se armó, puede cobrar los “cubatas” a los diputados al mismo precio que los locales de fuera del Congreso, aumentando así su márgen de beneficio.
​Aún así, no cabe duda que toda empresa debe hacer una inversión importante para que luego la administración le pague, o en el caso del comedor del Congreso, el hecho de tener que ajustarse a unos precios limitados, y depender de que su producto guste o no guste a los diputados supone un riesgo.

​En el caso de la privatización de los hospitales de la Comunidad de Madrid, no ha ocurrido eso. La comunidad de Madrid ofrece a las empresas licitadoras, con experiencia en el negocio sanitario, un precio por la cápita, es decir, por cada habitante adjudicado a un hospital. Partiendo de la base que uno de los principales objetivos del gobierno de la comunidad de Madrid ha sido conseguir y “vender electoralmente” el área única, no deja de llamar la atención; el objetivo de la tan publicitada área única no era que los pacientes pudieran elegir entre cualquier especialista, médico u hospital dentro de la comunidad de Madrid, no, sino que los trabajadores pudieran ser trasladados alegremente de un centro a otro según los intereses de la Consejería de Sanidad y no tener ningún problema con la movilidad del personal al vender los hospitales y centros a una empresa privada; cerrar otros, como el Instituto Cardiológico y algunos centros de especialidades; o transformar y reunificar servicios entre hospitales.

​Volviendo a los pliegos, la Comunidad de Madrid, como sabe que los centros que quiere privatizar no disponen de una cartera de servicios de un hospital de primer nivel y en muchas ocasiones tendrán que derivar pacientes a otros hospitales, ha aumentado la cápita/habitante que les pagará a las empresas licitadoras lo que ellos han considerado que será la facturación intercentros que tendrán que abonar a la administración cada vez que un paciente use un hospital de gestión pública o cualquier otro hospital; es decir, les paga, lo que supuestamente les cuesta la atención sanitaria en su hospital más lo que tendrán que pagar cuando los habitantes de su zona tengan que ser tratados en otro hospital, bien por falta de recursos en ese hospital o bien porque el paciente, dada la libertad para elegir donde se quiere tratar en toda la red pública de la Comunidad de Madrid, elija ser tratado en otro centro. Es decir, la empresa licitadora recibe lo que cuesta atender a su población en su hospital, más lo que puede que le cueste atenderla en otros centros, con la particularidad de que la Consejería de Sanidad le paga todo esto por adelantado, mientras que la empresa no deberá pagar la Facturación Intercentros a la administración hasta un año después. Por supuesto, si sobreviniera una “epidemia de salud” en la zona correspondiente al hospital, las empresas seguirían cobrando su cápita y el gobierno de la Comunidad de Madrid habría perdido su capacidad de ahorro.¿Consecuencias para los hospitales que sigan con gestión pública y de primer nivel? Pues que estos hospitales con un presupuesto cada vez más reducido, deben atender a su población asignada, más los pacientes derivados de los hospitales privatizados que requieran su atención, pero ellos no cobran la facturación intercentros ni ven aumentado su presupuesto por atender a pacientes fuera de la población que tienen asignada, sino que lo hace la Consejería de Sanidad, y no está contemplado que sus presupuestos suban con respecto al IPC, cosa que sí tiene garantizada la cápita que reciben las empresas licitadoras, por lo tanto, con menos presupuesto, sujeto a los recortes que se quieran seguir aplicando, es de lógica pensar que empeorará la calidad de la asistencia, con lo que con el tiempo los pacientes puede que tiendan a dejar de preferir los hospitales de gestión pública teniendo la administración cada vez más excusas para reducir su personal y quedando exclusivamente dedicados a tratamientos caros, o pacientes que no resultan rentables como pueden ser los crónicos, ancianos, etc.

​En resumen, los pliegos de licitación, salvando las distancias, es como si construimos una casa con las mejores calidades, la mejor cocina, horno y frigorífico, la mejor lavadora, TV de plasma, acceso a internet inalámbrico, etc. y mañana se la cedemos a alguien para su uso y disfrute, le pagamos un dinero para que la mantenga en perfectas condiciones, pero además le damos un dinero extra por si alguna vez tiene que dormir y comer fuera de la casa; dinero que no tendrá que devolvernos previa justificación hasta un año después, momento en el cual tendremos que pagar de nuevo el dinero del mantenimiento de la casa más el dinero extra.

​Y ahora pasamos a hablar de las empresas licitadoras esperadas y las que han optado a gestionar los hospitales públicos ofertados:

​Salvador Victoria dice que es un “ejecutivo abierto” y “quiere atraer inversiones” en referencia a la empresa HIMA San Pablo intentando confundir a los madrileños. HIMA San Pablo no invierte en nuestro país, sino que viene aquí y somos los madrileños los que invertimos en HIMA San Pablo (o cualquier otra empresa licitadora a la que se le den los hospitales) y ellos gestionan con nuestro dinero sabiendo que van a ganar SÍ o SÍ; lo que ganen de más o de menos dependerá de los recortes de personal, los sueldos que paguen y la calidad de la atención sanitaria que presten, si son más rácanos a la hora de mandar pruebas, ganarán más y si dan una atención adecuada y según criterios clínicos y de cuidados, ganaran menos, pero ganar, siempre, puesto que el primer año, lo que reciben por la facturación intercentros, lo tienen de extra e irá directamente al banco.

​Esto también explica por qué Ribera Salud (aseguradora de Bankia y Sabadell), que vendío el Hospital de Torrejón a Sanitas porque no tenía solvencia, se ha presentado a gestionar los hospitales de Arganda y Vallecas junto con Ingesan de OHL y lecisa de El Corte Inglés también abrumado por renegociar su deuda; no hay nada mejor para conseguir “CASH”, que gestionar los hospitales de la Comunidad de Madrid y garantizar beneficios. Ribera Salud ya fue rescatada en 2003 por el gobierno valenciano, volviendo a sacar unos pliegos modificados que le hicieran más atractivas las condiciones del contrato.

​Sanitas, aseguradora que perdió fuelle con el aumento de la calidad del servicio público de salud y que ya ha empezado a hacer negocio con la gestión del Hospital de Torrejón, además de garantizarse el negocio seguro, cobrará dos veces por los habitantes de Coslada que tengan un seguro privado de enfermedad con ellos, incluso podrán atender a sus asegurados en el hospital de Coslada y luego cobrar ellos la facturación intercentros a otra empresa o a la administración; seguro que ellos sí que saben hacer las facturas con mucha más exactitud que los hospitales de gestión pública.

​Se puede pensar, y siendo el negocio tan redondo ¿por qué no se han presentado más empresas a gestionar los hospitales públicos? Bueno, tenemos a IDC (Capio) que ya tiene más que asegurado su negocio con la gestión de la Fundación Jimenez Díaz, las pruebas que realizan por derivación del sistema público y con lo que percibe mensualmente por el hospital de Collado-Villalba que está cerrado y sin usar; suponemos que la opinión pública también importa a las empresas y puede resultar incómodo, siendo empresas opacas y con negocios en paraisos fiscales, tener todos los ojos pendiente de uno.

​HM hospitales no ha parecido nunca muy interesado en la gestión de los hospitales y centros públicos, puede que perdiera “caché”, o no le interese a su reputación atender a la población en general, máxime cuando recientemente ha apostado por “vender” operaciones y tratamientos cual si fueran escapadas de fin de semana en un balneario en un stand de El Corte Inglés.

​Esperamos que tras estas explicaciones, al menos, alguien haya podido entender mejor cómo la Comunidad de Madrid, pretende beneficiar a empresas privadas con el dinero de los ciudadanos sin haber demostrado que esto suponga un ahorro para los madrileños.

​Nuestro agradecimiento a Pedro de la Oliva, con la clase magistral y presentación que hizo de “El gran golpe sanitario” y con lo que muchos entendimos en qué consistían los pliegos licitadores presentados por la Consejería de Sanidad; si hay algún fallo en esta interpretación, seguro que es culpa de los alumnos.

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